Si no cambia de raíz el sistema de pensiones y la actual estructura de la economía, asentada en la informalidad y el subempleo, nueve de cada diez bolivianos no gozarán de los beneficios de la jubilación y literalmente estarán obligados a trabajar hasta morir.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) son elocuentes y revelan, en números redondos, que sólo el diez por ciento de la fuerza laboral boliviana cotiza en el sistema de pensiones y está habilitada para tener algún día su jubilación, otro diez por ciento ha dejado de cotizar y su situación es incierta, mientras que el restante 80 por ciento está totalmente al margen del sistema de pensiones y, si todo sigue igual, nunca tendrá una jubilación.
En cifras absolutas, esto quiere decir que, en el actual sistema privado, 3,8 millones de ciudadanos, que hoy trabajan o buscan trabajo, no tienen derecho a la jubilación, que otro medio millón de bolivianos tendrán serios problemas a la hora de obtener una renta para la vejez y que sólo otro medio millón estará en condiciones de recibir un apoyo económico cuando ingrese a la tercera edad.